69-02.CRITICA A LAS TESIS PROPUESTAS POR DE LA MAYORÍA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE PARA EL DEBATE DE SU XXII CONGRESO.

TRIBUNA DE DEBATE
Octubre de 2026

CRITICA A LAS TESIS PROPUESTAS POR DE LA MAYORÍA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE PARA EL DEBATE DE SU XXII CONGRESO.

Por José Avilés.
Ilustración de CRITICA A LAS TESIS PROPUESTAS POR DE LA MAYORÍA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE PARA EL DEBATE DE SU XXII CONGRESO.

El primer punto de tales tesis empieza afirmando «El actual contexto histórico de crisis y transformación del capitalismo sitúa la ola reaccionaria en el marco de una contraofensiva ideológica dirigida a reforzar la dominación de la burguesía y a liquidar los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora. A diferencia de la etapa neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con la llamada revolución conservadora, la ofensiva ideológica del capital y de sus instrumentos político-mediáticos se caracteriza hoy por la reivindicación de formas premodernas, autoritarias y neofascistas de organización social.».

Este párrafo ya condiciona todo el texto y el documento en general. Parte del supuesto de que no hay contradicciones entre los capitalistas cuando en realidad las hay y muy agudas. Lo que en realidad está haciendo este documento del Comité Central del PCE es preparar el terreno para alistarse a una de las dos partes principales capitalistas en pugna.

Democracia, capitalismo y las dos respuestas ante la crisis

Decir que las propuestas de la ultraderecha, trumpistas y sus familiares es una contraofensiva ideológica del capital puede señalar algunos fenómenos reales, pero reduce solo el enemigo a una las propuestas del capitalismo para resolver sus contradicciones.

El problema fundamental de esa formulación es que se corre el riesgo de creer que el capitalismo contemporáneo camina solo en dirección política pro-fascista. Pero lo que estamos observando es, más bien, una pugna entre dos proyectos de gestión y reproducción del mismo sistema económico. Uno revestido ideológicamente de democracia burguesa formal, y el otro, emparentado con formas externas fascistas. Sin embargo, este último se aleja del intervencionismo económico estatal propio de los fascismos clásicos para acelerar el ritmo de aplicación del desmontaje de lo público que puso en marcha en los años ochenta un neoliberalismo que hoy se presentarse como trinchera democrática; especialmente en Europa. Lo que hoy se llama fascismo se trata de tendencias neofascistas en lo ideológico, que en lo económico gusta presentarse -según países- como liberal, iliberal, anarco-liberal, o libertario.

Desde los años ochenta se ha consolidado en buena parte de Europa y Occidente un modelo capitalista caracterizado por la internacionalización de la economía, la creciente autonomía de los grandes capitales respecto de los Estados nacionales y con ello la reducción de la capacidad de estos para intervenir directamente sobre procesos económicos. Paralelamente, ese capitalismo internacionalizado ha ido incorporando a su ideario la ampliación de derechos civiles y sociales no incompatibles con el sistema: la igualdad entre hombres y mujeres en algunos sectores productivos, determinadas reivindicaciones feministas, derechos de minorías como los del colectivo LGTBIQ+ y ha procurado rentabilizar económicamente la preocupación por la vida en el planeta.

No hay contradicción necesaria entre ambas cosas. La ampliación de determinadas libertades civiles no implica por sí misma una transformación de las relaciones de producción capitalistas. Es perfectamente posible defender una concepción amplia de los derechos individuales y, al mismo tiempo, mantener intacta la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, la pobreza estructural, el poder de las grandes corporaciones, el saqueo a otros pueblos, el comercio desigual, y el imperialismo. Y, es posible también acelerar la legitimación ideológica del sistema a medida que el capital se ve obligado a desmontar el «llamado Estado del bienestar». En los años previos a la crisis del 2008 aplazó sus contradicciones sobre la base del endeudamiento masivo de familias y Estados; creando así una capacidad de consumo artificial.

Desde finales de los años setenta y, con mayor intensidad, durante los años ochenta, el capitalismo desarrollado comenzó a responder a las contradicciones abiertas por la crisis de los setenta mediante dos procesos que se desarrollaron de forma paralela. Por una parte, se debilitó progresivamente la capacidad adquisitiva de los salarios y se redujo el peso de las rentas del trabajo en la distribución de la riqueza, al tiempo que avanzaban la contención salarial, la precarización laboral y la privatización de empresas y servicios públicos, creando nuevos espacios para la inversión y la valorización del capital privado. Por otra parte, se produjo una importante ampliación de los derechos civiles y de las libertades individuales, impulsada en buena medida por las luchas de distintos movimientos sociales y por la transformación cultural de las sociedades occidentales.

La pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, sin embargo, no se tradujo inmediatamente en una reducción equivalente del consumo. Una parte de esa pérdida fue amortiguada mediante la expansión del crédito: crédito al consumo, endeudamiento hipotecario y, posteriormente, creciente endeudamiento de los propios Estados, que permitió mantener artificialmente niveles de demanda y de protección social que los ingresos salariales ya no podían sostener por sí solos. De este modo, durante varias décadas se pudo mantener una apariencia de continuidad en los niveles de consumo mientras se producía una transformación profunda de la distribución de la renta. El salario perdía peso, pero el crédito permitía compensar parcialmente esa pérdida en el corto plazo.

Así, desde los años ochenta se configuró una combinación aparentemente contradictoria: mientras aumentaban los derechos civiles y las libertades individuales, se debilitaba progresivamente la capacidad económica colectiva de los trabajadores; y mientras los salarios perdían capacidad relativa para sostener el consumo, el endeudamiento permitía prolongar temporalmente ese consumo. Las contradicciones del capitalismo no desaparecieron: fueron desplazadas hacia nuevas formas de endeudamiento, financiarización y concentración de la riqueza, hasta que los límites de ese mecanismo se hicieron especialmente visibles con la crisis de 2008.

Pero la democracia entendida en sentido general se convierte en una palabra vacía de contenido si encubre todas las desigualdades sociales posibles, barbaridades, expolio de pueblos, guerras, matanzas, y saqueos necesarios para mantener vivo un capitalismo que solo puede alimentarse de beneficios empresariales. En el siglo XX en nombre de la «defensa democracia» se han cometido los mayores crímenes de la historia,

Ahora es perfectamente lógico que aparezcan fisuras en el edificio ideológico democrático capitalista ante la eventualidad de que las próximas generaciones vivirán pero que las presentes, (o ya viven peor que las pasadas) como consecuencia del contradictorio desarrollo de este sistema económico-político.

Sin que se haya consolidado todavía una alternativa ideológica, política que haga jaque mate a un sistema explotador -que perseguido por el marxismo- se ha ido transmutado a través de decenios, hace años que está adquiriendo fuerza otra propuesta ideológica para gestionar y reproducir intacto el capitalismo. Una propuesta -en forma política de extrema derecha- que cuestiona algunas las transformaciones y adaptaciones culturales e ideológicas del capitalismo en sus últimos años: rechaza determinadas políticas feministas, las reivindicaciones LGTBIQ+, la inmigración, parte importante de políticas medioambientales y reivindica la nación, las fronteras, la tradición -y en algunos casos la religión- como banderas de reclutamiento. Propone una concepción más restrictiva de determinados derechos, y -como factor de atracción ideológica decorativa- utiliza una reproducción controlada de la simbología fascista de los años veinte y treinta del siglo pasado.

Pero de ello no se desprende que esa corriente constituya una alternativa al capitalismo sucede exactamente lo contrario: también pretende preservar las relaciones capitalistas, y en la mayoría de los casos frenar la tendencia a la caída de la tasa de beneficios con medidas drásticas; por lo general acelerando el desmontaje de lo que queda del «Estado del Bienestar». Para ello necesita modificar las condiciones políticas, culturales y nacionales en las que estas se desarrollan. Su crítica a la globalización tampoco significa una crítica al poder económico del capital internacionalizado.

Ambas propuestas para conservar el capitalismo intentan cerrar algunas de las fisuras que se han abierto en el sistema. Estas son presentadas en lo económico como desajustes entre el capital industrial y el capital financiero; en particular en lo que respecta al comercio mundial, los mercados internacionales, y fuentes de aprovisionamiento; cuando en realidad lo que ocurre es que el capitalismo es prisionero de su propio éxito productivo. Sus relaciones de producción, distribución y consumo han quedado atrapadas con los avances técnicos y científicos, por el desarrollo de la ciencia y la técnica; y en los últimos tiempos, por las posibilidades productivas, que ofrece el conocimiento proporcionado por la inteligencia artificial.

Nos encontraríamos, por tanto, ante dos respuestas diferentes a una misma crisis de reproducción del sistema capitalista: una respuesta ideológicamente liberal-globalizadora heredera de la anterior fase y otra nacional-involucionista. Ambas pueden entrar en conflicto entre sí y representar intereses económicos diferentes, pero no antagónicos por lo que ninguna de ellas constituye por sí misma una superación del capitalismo. Sin embargo, el posicionamiento en relación con una u otra propuesta está condicionada por la posición que cada capital ocupa dentro de cada Estado, y este, dentro del capitalismo mundial.

En las economías desarrolladas, las tendencias nacional-involucionistas pueden expresar bien la reacción expansionista-imperialista de determinados sectores del capital. Pero en estos países el imperialismo también puede encubrirse con la defensa formal de la democracia y derechos civiles. En nombre de la democracia se desmembró Yugoslavia y bombardeo Serbia, se declaró la guerra de Irak y Afganistán, se bombardeó y descompuso la prospera Libia, se ha dinamitado al gobierno sirio y se ocultan los crímenes de los yihadistas que lo han sustituido, y por último también se intenta presentar la guerra contra Irán, la destrucción de Gaza y la guerra que la OTAN libra contra Rusia en territorio ucraniano como defensa de derechos democráticos.

Por el contrario, en países dependientes o periféricos el nacionalismo puede expresar una posición antimperialista defendiendo el control nacional sobre los recursos y sectores estratégicos, aunque también pueda darse el fenómeno contrario: fuerzas que, bajo una retórica nacional-conservadora, favorecen una mayor subordinación al capital extranjero y al imperialismo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Ecuador o la Argentina de Milei o lo que fue la Nicaragua de Somoza, en el Chile de Pinochet, o El Salvador de ARENA y lo que ocurrirá sin duda en el nuevo Chile, Perú, Bolivia, Colombia y es probable que también en Brasil. Es más, el muy controvertido Gobierno de Bukele del actual Salvador, pese a que trabaja por construirse una imagen internacional independiente -no exenta de condenas por violación de derechos humanos- la realidad es que su economía esta dolarizada y que El Salvador se mantiene porque las remesas de sus emigrantes en Estados Unidos representan el 24,1% de su Producto Interior Bruto. Muchas familias comen gracias a sus familiares en EE. UU. Hay otros ejemplos contradictorios, como por ejemplo Nicaragua, que mantiene una firme condena del imperialismo norteamericano, y a la vez depende de las remesas de sus emigrantes en EE. UU. en un porcentaje similar a El Salvador. Y aunque su economía no está dolarizada Estados Unidos es su mayor cliente.

Esta relación entre nacionalismo y democracia habría que clarificarla. Porque en todo caso habría que redefinir la palabra democracia y extenderla no solo ámbito de los derechos civiles formales, sino sobre todo ampliarla al ámbito económico, que es el verdadero pilar que se sostiene la igualdad o desigualdad entre personas.

Una parte del capital interpreta la defensa de la democracia como la defensa de las instituciones y derechos formales existentes frente a quienes pretenden restringir determinados derechos. Naturalmente, esos derechos conquistados deben ser defendidos. Pero defenderlos no significa aceptar que una determinada fracción del capital pueda presentarse como la representación natural de la democracia y utilizar las instituciones democráticas para reproducir indefinidamente sus propias posiciones de poder.

Una democracia verdaderamente sustantiva no puede limitarse a garantizar periódicamente la elección de representantes mientras las principales decisiones económicas permanecen fuera del alcance de la mayoría trabajadora. Si el poder económico se concentra progresivamente en grandes corporaciones financieras, tecnológicas y energéticas, la cuestión democrática pendiente no desaparece: se desplaza al terreno de quién controla los recursos, la producción, la información, la tecnología y las condiciones materiales de existencia.

Por eso es erróneo presentar la actual confrontación como una simple lucha entre democracia y «ola reaccionaria». Esa formulación puede terminar colocando a una de las dos grandes opciones para gestionar el capitalismo como el ideal democrático y a la otra en el lado del neofascismo. Una cosa es defender la democracia y otra es servirse de la democracia para el mantenimiento de las relaciones económicas de poder existentes.

En este sentido, la cuestión no debería plantearse como democracia frente a fascismo. Entre ambas formulaciones queda por analizar una cuestión fundamental: qué sectores sociales y económicos están detrás de cada una de las respuestas a la crisis del capitalismo, qué intereses representan, qué papel atribuyen al Estado, qué relación mantienen con la economía internacional y, sobre todo, qué transformaciones están dispuestos a aceptar en las relaciones de poder económico.

Si no hacemos esta distinción, corremos el riesgo de convertir la defensa de la democracia en la defensa de una determinada fracción del capitalismo frente a otra. Y eso supondría renunciar precisamente a la perspectiva transformadora que debería caracterizar a una organización que se reclama comunista.

El problema no consiste, por tanto, en escoger entre un capitalismo liberal que se presenta como defensor de las libertades y un capitalismo reaccionario que reivindica la nación y la tradición. El problema consiste en comprender por qué ambos proyectos están sobre la mesa, y como vincular directamente la verdadera democracia y libertad a la desaparición de la desigualdad económica.

La defensa de las libertades democráticas es inseparable de la defensa de las condiciones materiales que permiten ejercerlas. Y eso obliga a volver a plantear una cuestión que el debate político actual tiende a ocultar: quién dispone realmente del poder económico y, por tanto, quién dispone de una capacidad efectiva para determinar el futuro de la sociedad. O, dicho de otra forma: ¿qué clase social tiene el poder político?

Una crítica a la caracterización de la actual crisis del capitalismo

El documento del PCE parte de una constatación que podemos compartir: el capitalismo atraviesa una profunda crisis y en ella están apareciendo movimientos políticos reaccionarios, autoritarios y nacionalistas. Sin embargo, la explicación que ofrece presenta, a nuestro juicio, una contradicción fundamental: parece considerar que el capitalismo está desarrollando una única respuesta política a sus contradicciones, la llamada «ola reaccionaria».

El capitalismo, sin embargo, no constituye un bloque político homogéneo. En su interior existen distintas fracciones del capital, con intereses diferentes y, en ocasiones, enfrentados. Las respuestas políticas a la crisis pueden ser también diferentes. No estamos necesariamente ante una confrontación entre democracia y fascismo, sino ante una disputa entre distintas formas de gestionar y reproducir el mismo capitalismo.

Por un lado, existe una opción liberal y globalizadora que mantiene las estructuras económicas fundamentales surgidas de la transformación neoliberal, al tiempo que incorpora reivindicaciones de derechos civiles, feministas, LGTBIQ+, ecologistas y otras demandas sociales. Por otro, existe una opción nacional-reaccionaria que cuestiona parte de esas transformaciones culturales, reivindica la nación, endurece las políticas migratorias y recupera valores tradicionales. Ambas pueden mantenerse dentro de las relaciones capitalistas de producción, aunque respondan a intereses y sectores diferentes y propongan formas ideológicamente distintas, aunque no antagónicas.

El problema del documento de la mayoría del Comité Central del PCE es que identifica prácticamente una de esas respuestas ideológicas a la crisis del capitalismo con la democracia y la otra con la resurrección del fascismo del siglo XX. De ese modo, una determinada forma política de gestionar el capitalismo aparece, aunque sea indirectamente, como la defensa de la democracia frente a una amenaza al sistema democrático-burgués. Pero con esto confunde dos cuestiones distintas.

Defender y, es más, conquistar la libertad no significa defender la forma concreta mediante la cual una determinada fracción del capital ejerce su poder dentro de instituciones adaptadas a una forma de entender una democracia que excluye la democracia económica. Sin ella toda palabra que remita a democracia y libertad, no es más que una palabra hueca. La democracia política en el modo de producción capitalista puede ampliar derechos y libertades formales y, al mismo tiempo, coexistir con una enorme concentración de la propiedad, del poder económico, de la capacidad para decidir sobre la producción y la distribución de la riqueza, y de los medios de comunicación para moldear las mentes de la mayoría social en la dirección que interesa a los grandes poderes económicos.

Desde una perspectiva materialista, por tanto, no basta con preguntarnos qué discurso es más democrático o cuál es más reaccionario. Hay que preguntarse qué relaciones materiales existen detrás de cada proyecto político, qué sectores sociales y económicos los sostienen y qué transformación de las condiciones de existencia de las clases trabajadoras proponen.

De hecho si tomamos como referencia los sectores económicos alineados con los dos principales partidos en las elecciones norteamericanas: el Republicano (identificado como derechista, reaccionario y trumpista) y el demócrata (señalado como más o menos progresista y que incluso en su ala izquierda recoge tendencias verbalmente socialdemócratas de izquierda como el congresista Bernie Sanders, o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani), vemos que el sector financiero, seguros e inmobiliario donó (o invirtió) 2.656 millones en las elecciones federales de 2024. De los cuales el 51,9% fue para los demócratas y el 47,3% para el partido republicano.

Es por ello por lo que no podemos dar por buena la simplificación sugerida por algunos medios de comunicación de que el capital financiero globalista e internacionalizado y también más liberal se inclina hacia el Partido Demócrata, mientras que el capital industrial prefiere al Partido Republicano, y en especial a Trump; que dice proteger la industria norteamericana con aranceles. No solo porque como ya señalaba Lenin, la concentración capitalista ha producido una creciente fusión entre capital industrial y financiero, sin eliminar por ello sus contradicciones. Por tanto, no parece suficiente explicar la política estadounidense mediante una oposición mecánica entre «capital industrial republicano» y «capital financiero demócrata». Lo que habría que analizar son las contradicciones concretas entre las distintas fracciones del capital y su expresión política.

Si bien es cierto que en 2024 las empresas petroleras, gasísticas, mineras, automovilísticas, del acero y la construcción destinaron claramente más del 70% de sus contribuciones al Partido Republicano de Trump también es verdad que empresas financieras como Citadel, Susquehanna y Elliott Management que operan a nivel internacional e invierten en acciones, bonos estatales, divisas, créditos a gran escala, petróleo, gas electricidad, mercados de derivados y emergentes, aportaron juntas 279 millones de dólares a las campañas electorales del Partido Republicano (según datos registrados y conocidos). La conocida empresa norteamericana BlackRock a través de sus gerentes y ejecutivos destina cantidades similares a ambos partidos.

Si se lee con atención el documento de la mayoría del Comité Central del PCE para el XXII, se ve que es un hábilmente encubierto cántico a la democracia en general utilizando el método de fijar como tendencia dominante y casi única del capitalismo la fracción representada por las tendencias «filo-fascistas» y pro-trumpistas, mientras, pasa de puntillas cuando habla del capitalismo imperialista revestido de demócrata. Y ello a pesar de haber provocado la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos y atrocidades del siglo XX y principios del XXI. Así, en dicho documento de la mayoría del Comité Central del PCE se puede leer

«El trumpismo constituye la forma ideológica más acabada de este movimiento de restauración. Su característica central es una suerte de neofascismo de contención que convierte en enemigo público a las propias víctimas de la acumulación por desposesión. De igual manera que el fascismo clásico, pero con una forma distinta, el capitalismo financiero y de plataformas despliega una guerra global, irrestricta, sin fronteras y sin limitación político-normativa efectiva, como fórmula para garantizar la hegemonía del capital.

«En esta deriva trumpista, el conflicto, la guerra económica y social, y la destrucción de toda mediación democrática instauran la violencia como salida a la crisis. El capitalismo del siglo XXI teje una red de restricciones en la que rentistas, magnates de los medios y grandes financieros exprimen la riqueza social general en función de sus propios intereses […/…]».

¿Como concreta el documento de la mayoría del Comité Central al XXII congreso su alineamiento con una de las propuestas para conservar el capitalismo?

Hay que reconocer que es un trabajo meritorio: a lo largo de más de cien páginas formula una propuesta típicamente socialdemócrata con música y letra de la Internacional Comunista. Pero la cacofonía aparece cuando excluye de su análisis el carácter de clase del Estado. El Estado construido para proteger y reproducir el modo de producción capitalista aparece como un ente situado por encima de las clases, cuya orientación podría modificarse sin necesidad de transformar su naturaleza, simplemente mediante la relación de fuerzas dentro del mismo sistema.

Esta ficción ignora que, aunque el capitalismo es extraordinariamente elástico y puede admitir importantes concesiones a la clase obrera cuando la coyuntura le obliga, esa elasticidad tiene límites materiales. No los determina únicamente la voluntad del capital ni la capacidad negociadora de sus representantes obreros, sino la combinación de la presión social y la relación de fuerzas entre las clases, el mercado, el desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia y la técnica y la posición de cada economía en el sistema internacional.

Mientras las concesiones puedan ser absorbidas sin poner en cuestión la acumulación y el beneficio como motores de desarrollo, el capitalismo puede adaptarse y reproducirse bajo formas diferentes. Pero cuando el desarrollo de las fuerzas productivas alcanza un punto en que ese mecanismo deja de funcionar, puede abrirse la posibilidad de otra forma de organizar la producción, la distribución y el consumo y, con ella, de un cambio en la naturaleza del Estado.

La inteligencia artificial puede acelerar precisamente esta contradicción al reducir drásticamente el tiempo de trabajo necesario para satisfacer las necesidades humanas. Pero ese mismo desarrollo admite dos salidas opuestas: puede abrir el camino a una organización social en la que la riqueza producida por una productividad extraordinaria se distribuya colectivamente, o puede desembocar en una concentración de la riqueza y del poder sin precedentes. De ello que no se puede prescindir de señalar explícitamente el carácter de clase del Estado, y de la necesidad de la toma del poder político por parte de los trabajadores para construir otro aparato del Estado y otras instituciones diferentes. Precisamente lo que no hace el documento de la mayoría del Comité Central del PCE que presenta el logro del socialismo como una profundización democrática de las instituciones del presente Estado capitalista.

Reconducir las protestas y contradicciones engendradas por el capitalismo únicamente hacia sus instituciones es una vieja táctica de la socialdemocracia para integrarlas dentro del sistema y finalmente apagarlas. De igual manera en el documento de la mayoría del Comité Central del PCE abundan las frases como esta: «Debemos entender, por tanto, la unidad popular en un plano sociopolítico, la que se da ante todo en los conflictos laborales y huelgas, en las luchas contra el patriarcado y por la igualdad, en las movilizaciones en los barrios y pueblos contra los desahucios, en defensa de los servicios públicos, en defensa de las libertades, de los derechos sociales y ambientales, etc. y que luego se debe plasmar en un acuerdo que dispute la hegemonía institucional-electoral.» El subrayado es nuestro.

Hay otros párrafos que trazan la hoja de ruta a seguir por el PCE: «Es evidente que la posibilidad de un cambio en profundidad requiere de una acumulación de fuerzas, algo que hemos definido en el debate estratégico como la primera fase, más inmediata de nuestra alternativa. En este sentido la conquista de espacios institucionales donde gobernamos, no solo a nivel estatal, va a ser un proceso paulatino y contradictorio, en muchas ocasiones compartiéndolos con fuerzas como el PSOE que no forman parte de la izquierda transformadora»

Pero esta deriva institucionalista -expresada en muchos otros párrafos similares- es una inversión de las posiciones defendidas por la tradición comunista y más concretamente por Lenin. Véase por ejemplo las «Tesis sobre los partidos comunistas y el parlamentarismo» Ese texto dice en su tesis 9: «El método más importante de lucha del proletariado contra la burguesía, es decir, contra su poder estatal, es ante todo la acción de masas.» y después dice claramente: «En esta lucha de masas […] el partido dirigente del proletariado debe, por regla general, consolidar todas sus posiciones legales, convirtiéndolas en bases auxiliares de su actividad revolucionaria y subordinando estas posiciones al plan de la campaña principal, la campaña de la lucha de masas.» . En la tesis 11 dice «La tribuna del Parlamento burgués es una de esas bases auxiliares.» Y explica que los comunistas no entran en esas instituciones para realizar simplemente una labor parlamentaria ordinaria, sino para utilizarlas como instrumento de la lucha revolucionaria. En la tesis 12, dice «Esta actividad en el Parlamento […] debe estar total y completamente subordinada a los fines y tareas de la lucha de masas fuera del Parlamento.».

Por el contrario, lo que está planteado el documento de la mayoría del Comité Central del PCE, es utilizar la movilización social para ganar posiciones dentro del aparato del Estado burgués y no para destruirlo como ha sido la practica comunista.

No obstante, esa línea institucionalista general que predomina en todo el documento hay un lapsus autocrítico. Lapsus que hábilmente se desvía hacia el comportamiento de «la izquierda” durante la transición: «Desde este análisis tenemos que concluir, de forma autocrítica, que en este momento de gran confrontación social se están pagando las consecuencias de que la izquierda basculara a lo electoral haciendo de una crisis de legitimidad del régimen del 78 tan solo una crisis de representatividad, sin cuestionar las bases económicas del sistema que sostenía el régimen. Ello ha llevado a la izquierda a perder la iniciativa en la agenda política conforme perdía la capacidad de impulso de la movilización. En definitiva, la derecha y la ultraderecha no están condicionando solo la agenda, también la política en su sentido más amplio».

Es decir, de una forma no muy clara, está reconociendo que la transición fue solo «un cambio de chaqueta» de la clase dominante. Pero ahora -y a pesar de su adhesión al republicanismo- lo que propone la mayoría del Comité Central del PCE es solo la persistencia en un capitalismo «con rostro humano» a la espera de que se gane una hegemonía ideológica que desemboque en un socialismo cuyo contenido no relaciona con el desarrollo de las fuerzas productivas, o más bien identifica con un capitalismo reformado próximo a Zorham Mamdani.

Al final la aspiración a gestionar el modo de producción capitalista queda de manifiesto en esta otra declaración del documento de la mayoría del Comité Central del PCE que estamos sometiendo a critica; “Romper con el prejuicio muy extendido de forma interesada de que los comunistas y la izquierda no saben gestionar adecuadamente la economía forma parte también de la lucha ideológica que debemos afrontar» Pero, es que nosotros no queremos gestionar la economía capitalista «adecuadamente». Gestionar la economía capitalista con eficacia significa crear el marco adecuado para generar grandes beneficios empresariales, en caso contrario se fracasa. En todo caso nuestra presencia en las instituciones puede utilizarse adicionalmente para hacer retroceder al capital.

Una loa a los gobiernos de coalición con el PSOE.

En el documento de la mayoría del Comité Central del PCE se lee «Desde 2020, Izquierda Unida, en el marco de las confluencias en las que ha participado, forma parte del Gobierno de España como socio minoritario. El Partido Comunista de España apoyó esta decisión y ha venido actuando durante estos años de manera activa para orientar la acción de gobierno sin dejar de explicitar las críticas necesarias cuando ha sido necesario, al mismo tiempo que impulsa y participa en la movilización social en las reivindicaciones que expresan los sindicatos, las plataformas y diferentes colectivos. (…)Precisamente, lo que hacemos con este apartado de las tesis es valorar el resultado de una decisión que ha tenido claros efectos positivos para la mayoría social trabajadora y que, a pesar de las dificultades y errores cometidos, no nos ha impedido en todo momento intervenir públicamente y fomentar la movilización social desde la independencia de nuestra organización».

Con respecto a lo de intervenir públicamente y fomentar la movilización desde la independencia, hay que reconocer que el PCE ha impulsado en ocasiones movilizaciones al margen de las instituciones, como las Marchas de la Dignidad de 2014, la Consulta Monarquía-República de 2022, o las manifestaciones republicanas de junio a partir de 2024. Pero, en términos generales, puede distinguirse una diferencia clara entre las dos etapas. Antes de 2020 fueron frecuentes las declaraciones y apoyos de dirigentes del PCE a conflictos sociales frente a los gobiernos de turno; desde su entrada en el Gobierno, en cambio, no ha promovido movilizaciones que lo confronten directamente con los gobiernos del PSOE. Un ejemplo significativo fue la huelga del metal de Cádiz de 2021, cuando su secretario general, Enrique Santiago, pidió a los trabajadores que confiaran en la actuación del Gobierno, mientras el conflicto acabó teniendo como respuesta el despliegue de una tanqueta policial en los barrios obreros.

Hecha la matización anterior, añadiremos que gran parte del documento de la mayoría del Comité Central del PCE para el congreso de diciembre está dedicado a un balance de lo que ha sido su presencia en el gobierno durante los seis últimos años. Balance que como hemos citado más arriba la mayoría del Comité Central estima Positivo. Valoración que se hace incomprensible cuando el mismo documento del Partido Comunista de España reconoce que durante ese tiempo la ultraderecha ha capitalizado el descontento social. Su militancia ha quedado reducida a escasos miles de personas y su mismo Comité Central está dividido a partes casi iguales entre los que dicen pretender un giro leninista los que quieren persistir en la ambigüedad actual. Ambigüedad que se sustenta teóricamente -al igual que hizo el extinguido Partido Comunista de Italia- en una interpretación sesgada de Antonio Gramsci, y que trataremos en otro artículo.

Revista La Unión del Pueblo — Número 69
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