Una crisis del capitalismo que va más allá de la vivienda.

Por Alberto Álvarez Franco

La huelga general del próximo 11 de noviembre y las elecciones generales del 29-N se celebran en un contexto de crisis económica, social y política que no es exclusivo de España. En buena parte de los países capitalistas, el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la creciente desigualdad ponen de manifiesto las contradicciones de un sistema que aumenta sus capacidades productivas sin garantizar por ello unas condiciones de vida dignas a la clase obrera, ni a la mayoría trabajadora.

Los avances científicos y tecnológicos, y particularmente la inteligencia artificial, permiten incrementar la producción reduciendo el tiempo de trabajo necesario para obtener una determinada cantidad de bienes y servicios. Pero esta capacidad no se traduce automáticamente en una reducción general de la jornada laboral ni en una mejora proporcional de las condiciones de vida. En un sistema basado en la rentabilidad del capital, la sustitución de trabajo por tecnología provoca, la contradicción de aumentar la capacidad productiva, pero puede reducir el peso del trabajo vivo del que se extrae la plusvalía en relación con el capital invertido. La evolución efectiva de la tasa de beneficio depende también de otros factores, pero las consecuencias de esa contradicción alimentan el desplazamiento de inversiones desde el sector productivo hacia los mercados financieros y los activos inmobiliarios.

La vivienda constituye un destino especialmente atractivo para una parte de esos capitales: permite obtener ingresos periódicos mediante los alquileres y ganancias adicionales cuando aumenta el precio de los inmuebles. El resultado es que un bien indispensable para vivir se convierte también en un instrumento de acumulación patrimonial. Esta dinámica internacional no explica por sí sola toda la crisis habitacional, pero ayuda a comprender por qué el problema no se resuelve apelando simplemente a la buena voluntad de los propietarios o a las leyes del mercado.

Maricarmen: cuando la movilización cambia la agenda política

En España, el desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de una indignación que desborda su caso particular. Su muerte, después de haber sido desalojada de su vivienda, ha convertido una tragedia personal en símbolo de un problema colectivo. La respuesta social ha obligado a los partidos y a las instituciones a situar la vivienda en el centro del debate político, precisamente cuando llevaban años sin ofrecer una solución a la altura de la gravedad del problema.

Lo sucedido demuestra algo fundamental: los cambios en la agenda política no proceden necesariamente de las iniciativas parlamentarias. Pueden nacer de la presión ejercida desde fuera de las instituciones, de la organización de los afectados y de la capacidad de convertir un caso concreto en una reivindicación colectiva.

Durante años se ha querido convencer a la población de que las transformaciones sociales dependen, ante todo, de elegir a los representantes adecuados. Sin embargo, la experiencia demuestra que incluso las medidas que terminan plasmándose en una ley suelen necesitar una presión social previa que obligue a los gobernantes a actuar. Los derechos laborales que hoy parecen normales fueron conquistados mediante décadas de organización y lucha obrera, en las que hubo trabajadores muertos, encarcelados y ejecutados; no fueron concesiones espontáneas de los gobiernos ni de los empresarios La movilización por Maricarmen ha mostrado de nuevo esa posibilidad.

La cuestión es si esta experiencia servirá para desarrollar un movimiento capaz de imponer cambios duraderos o si, por el contrario, su energía acabará absorbida por la campaña electoral y las promesas de unos partidos que pretenden recuperar el protagonismo perdido.

El oportunismo de una izquierda que no escucha

Las formaciones que han sostenido los gobiernos del PSOE durante los últimos ocho años no pueden presentarse ahora como ajenos a la situación que ha provocado la protesta. La crisis de la vivienda no apareció de repente con el caso de Maricarmen. Se ha agravado mientras gobernaban, sin que las medidas adoptadas hayan impedido que amplias capas de la población trabajadora encuentren cada vez mayores dificultades para acceder a una vivienda

El problema no afecta únicamente al PSOE. También interpela a Sumar, Izquierda Unida, Podemos, Más Madrid y los Comuns, así como a las demás formaciones que se reivindican de izquierdas y que han participado en el apoyo parlamentario o político a los gobiernos progresistas. Cada una tiene responsabilidades diferentes, pero ninguna puede eludir el balance de una etapa en la que la vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de empobrecimiento y desigualdad.

El fariseísmo político consiste precisamente en esto: hacer oídos sordos durante años a las críticas que llegan desde la calle o a lo sumo proponer paliativos de cara a la galería para dar la impresión de que hacen algo, pero no pueden. No se les ha ocurrido nunca pedir a la gente que salga a la calle porque en el parlamento no pueden. Y, cuando la protesta adquiere fuerza suficiente para amenazar la estabilidad política, intentar canalizar ese descontento en beneficio electoral propio. Los partidos se apresuran a presentar iniciativas, convocar actos y proclamar su compromiso con las reivindicaciones, como si no hubieran formado parte de las instituciones que han sido incapaces de resolverlas.

No se trata de negar que algunas medidas de los decretos del gobierno que se discutirán en La Comisión Permanente puedan aliviar situaciones concretas. Se trata de rechazar la pretensión de convertir esos alivios parciales en una prueba de que la política seguida durante los últimos años era acertada. La movilización ha puesto de manifiesto, precisamente, sus insuficiencias.

El fracaso del gobierno «progresista» y el peligro neofascista

La incapacidad de los gobiernos «progresistas» para dar respuesta a problemas materiales fundamentales tiene consecuencias que van mucho más allá de la vivienda. Cuando una parte creciente de la población comprueba que trabajar no garantiza poder vivir con dignidad, que los salarios no permiten emanciparse y que las instituciones parecen más preocupadas por mantener sus equilibrios que por resolver los problemas sociales, se deteriora la confianza en la democracia realmente existente.

Ese descontento puede alimentar una respuesta emancipadora, basada en la organización y la lucha colectiva, pero también puede ser aprovechado por la extrema derecha. El peligro es que el fracaso de las políticas progresistas abra el camino a un retroceso democrático que no cuestione las relaciones económicas capitalistas, sino que las mantenga e incluso acelere los recortes sociales.

Conviene comprender, además, que el neofascismo actual no necesita reproducir exactamente el fascismo de los años treinta del siglo pasado. Aquel combinó la destrucción de las organizaciones obreras y de las libertades políticas con una intervención estatal en la economía adaptada a las necesidades del capital monopolista y, finalmente, a la guerra. Las corrientes neofascistas contemporáneas pueden adoptar una retórica libertaria, ultraliberal o contraria a la intervención pública, mientras conservan los rasgos autoritarios, nacionalistas y excluyentes del fascismo en el terreno político y social.

No estamos, por tanto, ante una simple repetición histórica. Se trata de corrientes que pueden utilizar las libertades y los procedimientos electorales para llegar al poder y después restringirlos, al tiempo que promueven una economía más desregulada, debilitan los servicios públicos y refuerzan la subordinación de los trabajadores. La defensa de la democracia exige combatirlas, pero también comprender las condiciones sociales que favorecen su crecimiento. Y tener claro que también muchos de los que utilizan la democracia como seña política de identidad defienden el mismo modelo económico que la ultraderecha.

Una huelga necesaria, pero insuficiente

La huelga general del 11 de noviembre ha sido impulsada por el movimiento de inquilinos y las organizaciones por el derecho a la vivienda, que han obligado a situar el problema en el terreno de la movilización. Su convocatoria oficial parte de CCOO y UGT, pero sindicatos más combativos como CGT, CNT, Co.Bas y Solidaridad Obrera, Intersindical-STEs también respaldan la convocatoria, Los sindicatos vascos ELA, LAB y el gallego CIG: han anunciado sus propias convocatorias en sus respectivos ámbitos territoriales. El andaluz SAT no se ha pronunciado todavía, pero siempre ha apoyado cualquier convocatoria de huelga; como también sindicatos menos conocidos. Como es habitual la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), no apoya la huelga del 11 de noviembre.

La huelga debe apoyarse. Sería un error despreciar una convocatoria capaz de ampliar la participación y dar visibilidad a una reivindicación que afecta a millones de personas. Pero apoyarla no significa renunciar a analizar sus límites.

Una huelga de veinticuatro horas -que ni la patronal, ni el gobierno teme- se presenta como el culmen de la presión y la movilización puede terminar agotando su eficacia en lugar de desarrollarla.

CCOO y UGT han tendido históricamente a encauzar la conflictividad hacia la negociación institucional y a evitar que las movilizaciones desborden los márgenes que consideran controlables. No hace falta negar la utilidad de la huelga para advertir del peligro de que la convocatoria se convierta en un punto final, en vez de en el comienzo de una presión obrera sostenida.

Por eso es importante que la huelga sirva para fortalecer la organización independiente de los inquilinos, los trabajadores y los sectores afectados; para extender las asambleas, la solidaridad frente a los desahucios y las acciones colectivas; y para mantener la presión después del 11 de noviembre, cualquiera que sea el resultado electoral. La participación de sindicatos con una tradición más combativa puede contribuir a ese objetivo, siempre que se traduzca en organización efectiva y continuidad de la lucha.

La vivienda no se conquista con un día de paro, del mismo modo que no se garantiza con una promesa electoral. La huelga será tanto más útil cuanto menos se limite a expresar el descontento y más contribuya a organizar la fuerza social necesaria para imponer soluciones.

Los decretos de vivienda: parches y propaganda electoral

El Gobierno del PSOE pretende presentar los dos reales decretos aprobados en octubre como una respuesta a la crisis de la vivienda. Pero conviene examinar su alcance real, sin confundir medidas parciales con una solución de fondo.

El Decreto-ley 28/2026 introduce un régimen de prórrogas sucesivas de los contratos de alquiler, con plazos de preaviso y una indemnización general cuando el propietario decide no continuar el arrendamiento. No establece, sin embargo, una renovación irrevocable para siempre: el arrendador conserva la facultad de poner fin al contrato a su vencimiento.

El Decreto-ley 29/2026 -que previsiblemente no será aprobado por la Comisión Permanente por la oposición del PNV- incluye, entre otras medidas, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y la prolongación de algunas protecciones frente a los desahucios de personas vulnerables hasta diciembre de 2030. También contempla incentivos y actuaciones para ampliar la oferta de vivienda asequible. Ambos decretos necesitan la convalidación parlamentaria (en este caso de la Comisión Permanente de las Cortes) Y las derechas ya han declarado su intención de derogarlos si ganan las elecciones.

Estas disposiciones pueden proporcionar protección temporal a determinados inquilinos, y no sería justo negar ese efecto. Pero tampoco cabe presentarlas como una solución a la crisis de la vivienda. Una prórroga temporal no garantiza una vivienda asequible cuando termine; una renovación contractual no reduce por sí misma el precio del alquiler; y una ayuda pública que no modifica las condiciones del mercado puede acabar siendo absorbida, al menos en parte, por el encarecimiento de la vivienda.

La izquierda gubernamental intenta convertir estas medidas en un argumento electoral frente a quienes denuncian su inacción. El PP, por su parte, insiste en que la solución pasa por construir más viviendas. Pero construir sin determinar quién podrá acceder a ellas, a qué precios y con qué financiación no garantiza que se resuelva la necesidad residencial de los trabajadores. El mercado puede producir viviendas destinadas a quienes tienen capacidad de pago, mientras deja sin respuesta a quienes más las necesitan.

Regular, recuperar y construir: ¿para quién?

Una política de vivienda que pretenda resolver el problema debe actuar sobre varios frentes. La renovación estable de los contratos, combinada con una regulación racional de los alquileres, beneficiaría a quienes ya ocupan una vivienda. Pero esa protección no basta para quienes todavía no han podido acceder a ella.

Es necesario movilizar las viviendas existentes que permanecen vacías o infrautilizadas, incluidas las que se encuentran en manos de entidades financieras y de la SAREB, para destinarlas efectivamente a una función social. También hay que abordar la expropiación o puesta a disposición pública de viviendas que se mantienen vacías con fines especulativos, como reclama el movimiento de inquilinos, mediante medidas jurídicamente adecuadas y efectivas.

Ni siquiera eso cubriría necesariamente toda la demanda. Hace falta construir, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. Una expansión desaforada de la construcción privada, sin financiación pública suficiente, sin planificación y sin garantizar que las viviendas respondan a una demanda solvente a precios asequibles, puede terminar reproduciendo los errores de la burbuja inmobiliaria.

El PP se equivoca incluso desde la perspectiva de los intereses de los inversores cuando presenta la construcción masiva como una solución automática. Para que una empresa privada construya necesita esperar que exista una demanda capaz de pagar las viviendas y que la operación resulte rentable. La necesidad social de alojamiento no equivale necesariamente a demanda solvente en el mercado. Por eso, si se quiere construir para quienes no pueden pagar los precios actuales, hacen falta financiación pública, suelo disponible, promoción social y garantías de que las viviendas no acabarán convertidas de nuevo en activos especulativos.

El problema, en definitiva, no consiste solo en cuántas viviendas se construyen, sino en quién las posee, para qué se destinan y quién puede acceder a ellas.

¿Qué hacer ante las elecciones del 29 de noviembre?

¿Qué posición cabe defender ante unas elecciones que se celebran como consecuencia de una movilización provocada por la crisis de la vivienda?

La abstención, el voto en blanco, y el voto intencionadamente nulo puede expresar el rechazo a un sistema político que limita las alternativas a elegir entre partidos que, con diferencias importantes, no han conseguido resolver los problemas fundamentales de la mayoría trabajadora. Si el PSOE volviera a formar Gobierno con la llamada izquierda alternativa, nada garantiza que esta última dejara de desempeñar el papel subordinado que ha mostrado durante los últimos ocho años. Su participación institucional no ha impedido que el Gobierno mantenga políticas económicas neoliberales en aspectos fundamentales ni que se alinee con una política exterior belicista de la Unión Europea.

Pero también sería un error ignorar la polarización política y la posibilidad de que una victoria del PP y Vox abra una nueva etapa de retrocesos democráticos y sociales. La abstención, el voto en blanco o nulo, difícilmente será mayoritaria en esta situación de polarización política, pero puede expresar a quienes son conscientes de que tanto el PP, como VOX y el PSOE son partidos alineados con el capital, y sobre todo porque, con estos actores el problema de la vivienda no se resuelve en el teatro de las Cortes, sino que depende de la presión social. A pesar de ello, el voto a alguna de las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE puede ser un comportamiento lógico siempre que no se crea firmemente que un gobierno del PSOE apoyado por su izquierda puede dar una solución real a los problemas que han originado las protestas.

No hay que convertir esta disyuntiva electoral en el centro de la actividad política. La cuestión decisiva es qué hacer antes, durante y después de las elecciones para fortalecer la capacidad de intervención de la mayoría social.

La experiencia de Maricarmen ha demostrado que la presión colectiva puede obligar a las instituciones a reaccionar. También ha demostrado que una reacción institucional no equivale a una transformación de las condiciones que producen los desahucios y el encarecimiento de la vivienda.

La batalla fundamental ya no se juega en el Parlamento. Se juega fuera de él: en la calle, en los centros de trabajo, en los barrios, en las asambleas de inquilinos y en las redes de solidaridad capaces de impedir desahucios y sostener reivindicaciones colectivas.

El 11 de noviembre debe ser un paso en esa dirección, no una jornada tras la cual todo vuelva a la normalidad. Y el 29-N no debe hacernos olvidar que, cualquiera que sea el resultado de las urnas, la solución a la crisis de la vivienda exigirá una fuerza social organizada, independiente de los gobiernos y de los partidos que pretendan administrarla. Otra cosa seria que existiera un partido de los trabajadores no supeditada al PSOE, y que entendiera que los cargos públicos deben estar al servicio de la movilización y protagonismo social, y no al revés.

Porque el derecho a la vivienda no se garantiza esperando que quienes han permitido que se convierta en un negocio renuncien voluntariamente a sus intereses. Se conquista mediante la organización, la presión y la lucha sostenida.