¡A la calle!, que ya es hora

de pasearnos a cuerpo

y mostrar que, pues vivimos,

anunciamos algo nuevo.

— Gabriel Celaya

Llevaba tiempo pensando escribir un artículo con el título que encabeza estas líneas, pero los acontecimientos han corrido más que yo. Hoy vemos las calles llenas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, por unas pensiones dignas, por una sanidad universal y de calidad, por la lucha del profesorado y un largo etcétera. Llego tarde a la advertencia, pero llego puntual al meollo del problema.

Los problemas no brotan de repente, como las setas en otoño; se cocinan a fuego lento, mes tras mes y año tras año. Desde 2020, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», el total de lanzamientos practicados en España se sitúa en torno a los 145.000.

Ha tenido que ser el caso de María del Carmen Abascal —la mujer de 87 años que falleció el miércoles 7 de octubre de 2026 en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, tras dos semanas ingresada tras ser expulsada de su casa de toda la vida— el que vuelva a destapar la caja de los truenos. Pero el historial viene de lejos. Conviene recordar a Amaia Egaña, de 53 años, que se quitó la vida el 9 de noviembre de 2012 en Barakaldo arrojándose por la ventana en el momento exacto en que la comitiva judicial y la Ertzaintza subían por la escalera para desahuciarla. O a Alicia, de 54 años, que se precipitó al vacío en Carabanchel ante la llegada de la comisión judicial. O a las hermanas Blanca y Mercedes (54 y 64 años), que se quitaron la vida de forma conjunta en el barrio de Sant Andreu en julio de 2024 horas antes de su lanzamiento por impago de alquiler. La conclusión es inapelable: la inseguridad habitacional mata.

A esta movilización ciudadana se suma el profesorado en pie de guerra, asfixiado por el abandono de la escuela pública frente a la concertada, la burocracia que lo devora, la pérdida constante de poder adquisitivo y el deterioro de su salud laboral.

Frente a este escenario, resulta indignante que los llamados «sindicatos de clase», CCOO y UGT, lleven 14 años sin convocar una sola huelga general estatal. Y no será por falta de motivos: la jornada laboral de 37,5 horas sigue encallada sin aplicarse de forma universal, y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.134 €, apenas da para malvivir en las grandes ciudades, castigando especialmente a las plantillas de pequeñas y medianas empresas donde no hay fuerza sindical para negociar por encima. Pero no nos engañemos: el resto de las organizaciones sindicales tampoco han sido capaces de articular una respuesta de masas unificada, por más que reclamen —con razón— un SMI real de entre 1.300 y 1.400 euros.

El actual movimiento por la vivienda es intergeneracional e independiente. No está dirigido por la disciplina de los partidos institucionales, sino por el tejido asociativo de base. Porque PSOE, PP y el resto del arco parlamentario no son más que, en el mejor de los casos, gestores socialdemócratas o liberales que procuran no incomodar a los verdaderos amos del dinero.

PP y PSOE defienden el mismo sistema de fondo: la subordinación de la sociedad a las leyes del mercado capitalista. Sin embargo, no son idénticos. Mientras unos mantienen una retórica de defensa de derechos civiles y libertades públicas, los otros promueven sin complejos la colaboración público-privada, los conciertos y las prebendas fiscales para las rentas altas. De hecho, a los grandes poderes económicos y financieros a menudo les resulta más cómodo un gobierno del PSOE: les garantiza paz social y desmovilización en la calle, ahorrándoles la conflictividad abierta que suele desatarse bajo mandatos del PP.

Por eso no debemos confundirnos. Aunque desde La Unión del Pueblo nos solidaricemos plenamente con todos estos movimientos —sin olvidar a los oportunistas y cooptadores que quieren obtener réditos políticos o simplemente figurar—, debemos tener claro que la calle organizada puede considerarse un movimiento prerrevolucionario, pero nunca revolucionario. La revolución tiene como objetivo derrocar el sistema capitalista e instaurar el socialismo, entendiendo que aún no se dan objetivamente las causas para ello y que todo esto desembocará en una serie de parches que, como dice Villarroya, los amos del cortejo autorizarán.

No es pesimismo, es memoria materialista: año tras año y revuelta tras revuelta, el poder nos pilla con los pantalones bajados. Y nos pilla así porque falta la herramienta fundamental que ya señalaban Marx y Engels en el Manifiesto Comunista:

«Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario.»

Construir esa vanguardia consciente y organizada en España y en el resto de Europa es la tarea pendiente del porvenir. Mientras tanto, nos vemos donde siempre:

¡Arriba, pues, que no hay tiempo!

¡A la calle, que ya es hora

de pasearnos a cuerpo

y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo!

España en Marcha de Gabriel Celaya