Inmigración y regularización

arma política envuelta en viles bulos y mentiras

Es cierto que el PSOE, el PP, VOX y el resto de la derecha y la ultraderecha comparten, en lo fundamental, el mismo modelo económico capitalista, y que buena parte de su enfrentamiento consiste en la disputa por la gestión de ese sistema y por las distintas políticas con las que pretenden administrarlo.

Es verdad también que el PSOE, auxiliado por Sumar-IU y por Podemos (cuando ha formado parte del Gobierno), se empeña en presentar sus gobiernos como «los más progresistas de la historia», cuando las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población han seguido sometidas a fuertes presiones; el coste de la vida ha experimentado una subida tan importante que convierte en una broma decir que “España crece” y el problema de la vivienda se ha agravado hasta convertirse en uno de los principales problemas sociales. Las políticas de contención del gasto y de disciplina presupuestaria tampoco han desaparecido, aunque se presenten bajo un discurso de aumento de la protección social. Las medidas de protección aprobadas por el Gobierno han supuesto mejoras reales para garantizar ingresos por debajo del mínimo existencial a determinados sectores sociales, aunque muchas de ellas hayan estado forzadas por SUMAR-IU y PODEMOS y, en la mayoría de los casos, hayan tenido también una evidente dimensión propagandística. En cualquier caso, ninguna de estas reformas ha cuestionado el mantenimiento del modo de producción capitalista ni la posición dominante de las grandes empresas. De ahí que el crecimiento del Producto Interior Bruto no implique necesariamente una mejora equivalente en la distribución de la riqueza. Las grandes empresas que controlan la economía española, atrincherándose en sectores estratégicos han obtenido beneficios extraordinariamente elevados.

Es cierto que Pedro Sánchez puede vanagloriarse de que la economía española crece en la actualidad más rápidamente que las de Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido. Pero, como hemos visto al analizar el caso de Marruecos, el crecimiento económico no significa necesariamente un mejor reparto de la riqueza. Además, una parte importante del crecimiento español está relacionada con el aumento simultáneo de la población, el empleo y la demanda interna, en un contexto en el que el turismo tiene un peso extraordinariamente elevado en la economía. Podemos establecer (con las debidas cautelas) una comparación entre las divisas que aporta el turismo extranjero a España y las remesas que los emigrantes marroquíes envían a sus familias: en ambos casos se trata de ingresos procedentes de una actividad económica realizada, en buena medida, fuera del territorio que recibe esas divisas. Pero esto es diferente de afirmar que España esté experimentando necesariamente un aumento extraordinario de la productividad por trabajador que le permita mejorar su posición competitiva internacional en las mismas condiciones que las economías más desarrolladas.

También es cierto que ha aumentado considerablemente el número de personas ocupadas. Sin embargo, el crecimiento del empleo no ha impedido que una parte importante de los trabajadores haya sufrido una pérdida de poder adquisitivo. En ese hecho han influido diversos factores: la evolución de los precios, las políticas salariales, la moderación de CCOO y UGT y, en determinados sectores y ocupaciones, la existencia de una abundante oferta de mano de obra, incluida la procedente de la inmigración. No sería correcto atribuir exclusivamente a esta última la evolución de los salarios, pero tampoco ignorar su influencia allí donde aumenta la oferta de trabajadores dispuestos a ocupar empleos poco cualificados y de baja remuneración.

En ese sentido, se puede decir que Pedro Sánchez ha cumplido buena parte de los deberes que corresponden a un Gobierno que sirve a los grandes poderes económicos. Pero la cuestión es precisamente qué intereses se consideran prioritarios al gestionar ese sistema y sobre todo que subrayar que el crecimiento económico no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad. Toda clase social tiende, naturalmente, a identificar sus propios intereses con los intereses generales todo del país. Los empresarios e inversores -especialmente los grandes- tienden a creer creen que sus intereses son los de toda España, pese a ser minoría extrema.

El Partido Popular, -que aspira a ocupar el papel de gestor alternativo del mismo sistema económico- al no poder cuestionar fácilmente la evolución de determinados indicadores económicos, ni la buena “hoja de servicios” de Pedro Sánchez ante los grandes poderes económicos, ha terminado incorporando buena parte del discurso de rechazo a la inmigración que caracteriza a la extrema derecha de VOX en un instrumento de movilización política contra el Gobierno del PSOE-SUMAR-IU.

Y en esta vía se ha embarrancado en una vil campaña de bulos y mentiras, cayendo en las prácticas de los grupos que se dan la mano con el neo- fascismo. Aunque la verdad es que el franquismo nunca desapareció del Partido Popular y siempre se ha conservado en forma latente.

La posición del Partido Popular ante la regulación de inmigrantes y el problema creado en con las 70.000 personas que a finales de julio entraron ilegalmente ha recurrido en Ceuta ha recurrido al juego sucio y de la más extrema vileza al enviar a Aznar a dicha ciudad para que este personaje haga el papel de agitador de masas.

Y eso sin negar que el gobierno PSOE no ha sabido responder a este nuevo “coup d’État” intentado por la derecha y ultraderecha. La política seguida por las derechas y ultraderechas desde la formación de los gobiernos de Pedro Sánchez sobrepasa el nivel de acoso y derribo por tierra mar y aire. El PP y Vox han recurrido a mentiras de todo tipo, ha emponzoñado todo lo que han podido la Amnistía en Cataluña, han jaleado, animado y tramado la persecución judicial al PSOE amparándose en causas reales, pero también inventadas. Han mantenido la constante acusación de que el PSOE quiere destruir España introduciendo inmigrantes o disolviéndola en las nacionalidades, y ahora vuelven a la carga con la llegada de los marroquíes a Ceuta.

Y en parte es porque tampoco el PSOE comprende, o se niega a comprender que las causas de la inmigración son debidas a que “el efecto llamada” del que habla la derecha y ultraderecha está provocado por empleadores, por las condiciones del capitalismo hoy y por la situación social y económica que se vive en España. Además, tanto el PSOE como sus socios por la izquierda se balancean acomplejados por el impacto ideológico que está teniendo la ofensiva anti-migratoria de la ultraderecha a nivel mundial. Ofensiva ideológica demagógica pues donde gobierna, como en Italia, emplea a los inmigrantes que necesita para mantener el beneficio empresarial, al grito de “no a la emigración”.

Eso hace que el PSOE y sus socios a la izquierda aborden la inmigración ya sea desde un punto de vista caritativo, o ya sea con argumentos racistas, y a veces absurdas, como «¿Quién sostendrá las pensiones en el futuro si no vienen inmigrantes?». Pero las pensiones no se sostienen por el mero hecho de que aumente el número de trabajadores, sino por la riqueza que una sociedad es capaz de producir y por la forma en que esa riqueza se distribuye. Incluso manteniendo el capitalismo, la cuestión debería ser otra: si la productividad aumenta y se producen cada vez más bienes y servicios en menos tiempo, ¿por qué habría de ser inevitable que una sociedad necesite aumentar continuamente el número de trabajadores a los que explotar para poder sostener sus pensiones?

Todo ello hace que la ofensiva ideológica de la derecha y ultraderecha alimente su “cruzada antiinmigratorias con mentiras y bulos tales como:

«El PSOE regulariza inmigrantes para fabricar votantes para las elecciones de 2027». Es falso. La regularización concede residencia y autorización de trabajo, no nacionalidad. Los regularizados no pueden votar en las elecciones generales de 2027. y en las locales del mismo año la regularización por sí sola no convierte a sus beneficiarios en electores. Para los extracomunitarios de países con convenio, como Ecuador y otros latinoamericanos, por ejemplo, hacen falta además cinco años de residencia legal y la inscripción en el censo.

«Se está nacionalizando a delincuentes». El procedimiento de regularización no concede nacionalidad y, además, exige no tener antecedentes penales y no constituir una amenaza para el orden público. Se llego a utilizar una agresión sexual en agosto de 2025 a una joven conocida de un marroquí que vivía en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, como ejemplo de la peligrosidad de los marroquíes para las mujeres. La realidad es que una Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024 en España (sin especificar origen del agresor) estima que 74.488 mujeres de 16 años o más sufrieron un intento de violación en los 12 meses anteriores a la encuesta; eso significa 204 diarios. El asunto de Hortaleza ampliamente difundido por radios y televisión vinculados a VOX y la derecha terminó en un asalto de encapuchados al centro de menores de Hortaleza.

«La regularización está provocando una nueva avalancha de inmigrantes». 
Se han difundido vídeos antiguos de llegadas a España o saltos de la valla de Melilla presentándolos como imágenes posteriores al anuncio de la regularización. Algunos vídeos eran de 2022, 2023 o 2024.

Incluso se difundió un vídeo de personas en una estación ferroviaria india afirmando que era Atocha después de la regularización. Era una estación de Maharashtra, en India.

También circuló un vídeo de personas árabes en un barco presentado como inmigrantes musulmanes que estaban llegando a España después de la regularización. Las imágenes correspondían a Libia-Italia en 2022.

En abril de 2025 se hizo viral un vídeo grabado en Vic (Osona) en el que aparecía una gran concentración de personas, presentada en redes como una especie de «ocupación musulmana» o incluso como la llegada de una «República Islámica de Cataluña».

Pero hay un detalle fundamental: las personas que aparecen con turbantes no eran musulmanas, sino sikhs. Se trataba de una celebración/procesión de la comunidad sij, una comunidad religiosa originaria del Punjab (India). No parece que fuera un vídeo aislado. En 2025 circularon varios vídeos de celebraciones sikhs en Cataluña que fueron utilizados para construir la narrativa de una supuesta «islamización». Por ejemplo, en agosto se difundió otro vídeo de una concentración que tampoco era musulmana, sino una celebración sij. Todo eso tiene mucho impacto en una juventud laboralmente golpeada y completamente desinformada.

Según la agencia Reuters Institute en 2025, entre los jóvenes de 18-24 años, las redes sociales y plataformas de vídeo constituían la principal fuente de noticias para el 44 % en el conjunto de 48 países estudiados. La ultraderecha está utilizando esta posibilidad con el objetivo de idiotizar a la juventud.

Con respecto a la regularización aprobada por el gobierno PSOE-SUMAR-IU este año, se está intentando: confundirla con las solicitudes de nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática, destinada principalmente a los descendientes de españoles que sufrieron exilio y perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia de la Guerra Civil Se llegó a incluir a los 1.225.188 de solicitudes/citas de ese procedimiento como si fueran inmigrantes que estaban solicitando nacionalizarse ahora mediante la regularización. Son procesos completamente distintos.

Y la historia de «Sánchez nacionaliza inmigrantes para que voten por él» ha llegado incluso fuera de España: Javier Milei la repitió públicamente en agosto de 2026. La comprobación posterior concluyó que no existe evidencia de que ese sea el propósito de la regularización.

Es una campaña de desinformación muy bien orquestada, la magnitud final de las solicitudes hace que el bulo resulte intuitivamente creíble. La gente oye «1,17 millones de solicitudes» y piensa automáticamente «1,17 millones de nuevos españoles». Pero son cosas completamente diferentes.

Una cosa es discutir legítimamente si la regularización extraordinaria es una buena política migratoria; otra muy distinta es atribuirle objetivos electorales que no se corresponden con sus efectos jurídicos, o presentar como hechos imágenes, cifras y situaciones que no tienen relación con el procedimiento. La pasividad del gobierno ante tamaña manipulación de la extrema derecha es difícil de creer.