El marxismo y la cuestión migratoria

El marxismo clásico no elaboró una teoría de la inmigración para dar respuesta completa a las necesidades de hoy, pero sí analizó algunos de sus mecanismos fundamentales. Marx y Engels se encontraron desde mediados del siglo XIX con el fenómeno de la emigración de trabajadores irlandeses hacia Inglaterra. Engels describió cómo la llegada de una abundante mano de obra irlandesa aumentaba la competencia entre trabajadores y contribuía a mantener bajos los salarios, pero no convirtió por ello al trabajador irlandés en responsable de la situación. El fenómeno debía entenderse dentro de las relaciones creadas por el capitalismo británico, que necesitaba mano de obra y encontraba en Irlanda una enorme reserva de trabajadores empobrecidos.

Marx fue modificando su posición respecto de la cuestión irlandesa. Inicialmente consideró que la emancipación de Irlanda estaría vinculada a la emancipación de la clase obrera inglesa; posteriormente llegó a la conclusión de que la liberación de Irlanda era una condición para la emancipación de los trabajadores ingleses. La conocida afirmación de que «un pueblo que oprime a otro no puede ser libre» debe entenderse en ese contexto. Marx observaba que la dominación británica no solamente explotaba a Irlanda, sino que contribuía a enfrentar a los trabajadores irlandeses y británicos entre sí. El trabajador inglés podía considerar al irlandés un competidor que presionaba a la baja sobre sus salarios, mientras la división nacional, religiosa y cultural impedía que ambos se reconocieran como miembros de una misma clase. La explotación nacional terminaba así beneficiando a la clase dominante del país opresor.

Esta cuestión adquirió una dimensión internacional todavía mayor con el desarrollo del capitalismo industrial y, posteriormente, del imperialismo. Ya no se trataba solamente de irlandeses que se desplazaban hacia Inglaterra. Las economías industriales europeas comenzaron a incorporar trabajadores procedentes de territorios económicamente más atrasados. Lenin observó expresamente este fenómeno y señaló que el desarrollo desigual del capitalismo favorecía el desplazamiento de trabajadores desde los países con salarios más bajos hacia los países capitalistas más desarrollados. En su análisis del imperialismo señaló asimismo la presencia de trabajadores extranjeros en las industrias de países como Francia y Alemania. En un texto de 1913 dedicado específicamente a la inmigración obrera sostuvo que el capitalismo atraía hacia los países avanzados a trabajadores procedentes de países atrasados, donde los salarios eran inferiores, y que estos trabajadores eran utilizados con frecuencia en las ocupaciones peor remuneradas. Lenin no negaba, por tanto, que la inmigración pudiera incrementar la competencia entre trabajadores; lo que rechazaba era convertir esa competencia en una lucha entre trabajadores de distintas nacionalidades, en lugar de analizar las relaciones económicas capitalistas que la producían.

El fenómeno se hizo especialmente visible con los trabajadores procedentes de las colonias. Durante la Primera Guerra Mundial Francia llegó a utilizar decenas de miles de trabajadores chinos, y en los años posteriores numerosos jóvenes chinos viajaron a Francia dentro del movimiento de «trabajo-estudio», trabajando en fábricas mientras estudiaban. Entre ellos se encontraban futuros dirigentes de la revolución china, como Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yi, Li Lisan o Nie Rongzhen. También Ho Chi Minh vivió y trabajó como asalariado en Francia. Para una generación de revolucionarios asiáticos, el capitalismo europeo no fue solamente una teoría estudiada en los libros: fue una realidad experimentada directamente en las fábricas y en los barrios obreros de las metrópolis.

Todo ello permite observar una transformación/ampliación importante respecto del ejemplo irlandés estudiado por Marx y Engels. El capitalismo había creado progresivamente un mercado internacional de trabajo en el que las enormes diferencias de salarios y de desarrollo entre territorios favorecían el desplazamiento de trabajadores hacia los centros de acumulación de capital. El fenómeno no desaparecía porque los trabajadores fueran explotados en sus países de origen; precisamente esas diferencias constituían una de las razones que impulsaban su desplazamiento a los países industrializados.

Existe además una cuestión que resulta importante para comprender la inmigración actual. El capital puede desplazarse hacia los lugares donde encuentra condiciones más favorables para invertir, pero también puede hacer lo contrario, puede desplazar trabajadores hacia los lugares donde existe demanda de trabajo. No siempre resulta necesario trasladar una fábrica a un país de salarios bajos para aprovechar esa diferencia. En determinadas actividades puede resultar económicamente más rentable importar trabajadores procedentes de países con salarios mucho menores y emplearlos en el país donde se concentra el capital y donde existe demanda de mano de obra. La importación de fuerza de trabajo puede cumplir, en determinadas circunstancias, una función económica semejante a la que desempeña la inversión productiva en países de salarios inferiores.

Esto ayuda a comprender por qué la inmigración no puede explicarse exclusivamente por la pobreza existente en los países de origen. La pobreza, el desarrollo desigual y la existencia de excedentes de fuerza de trabajo constituyen una condición que favorece la emigración, pero la dirección y la intensidad de los movimientos migratorios dependen también de la existencia de demanda de trabajadores en determinados territorios. El trabajador no se desplaza solamente desde donde hay pobreza: se desplaza hacia donde encuentra posibilidades de empleo, y esa demanda está determinada por la estructura económica del país receptor.

Marx había observado algo relacionado con esta cuestión al analizar el impacto del capitalismo británico sobre la India. Su posición no consistía simplemente en considerar que la penetración capitalista europea fuese beneficiosa para los indios en términos humanos inmediatos —Marx describió con crudeza la destrucción provocada por la dominación colonial—, sino en considerar que la incorporación de sociedades precapitalistas al mercado mundial podía destruir estructuras económicas atrasadas y crear, aunque de forma extraordinariamente violenta y explotadora, las condiciones materiales para un desarrollo posterior. Esta dimensión de su pensamiento suele desaparecer en las interpretaciones actuales de Marx.

Por tanto, el análisis marxista permite distinguir entre dos cuestiones que con frecuencia se confunden. Una es la explicación histórica de las migraciones, vinculada al desarrollo desigual del capitalismo, a las diferencias de productividad, salarios y oportunidades y a la demanda de fuerza de trabajo. Otra es la política que puede adoptarse frente a ellas mientras continúen existiendo las actuales relaciones de producción. Una política destinada a reducir la explotación, impedir que la inmigración sea utilizada para degradar las condiciones laborales, garantizar derechos laborales iguales, ordenar los flujos migratorios o favorecer la integración puede ser considerada reformista desde una determinada concepción revolucionaria que quiere acabar con el capitalismo, pero su carácter reformista no invalida el análisis material de las causas de la migración.

Desde esta perspectiva, el inmigrante no aparece ni como culpable de las condiciones laborales de los trabajadores del país receptor ni como una figura puramente pasiva que deba ser protegida por razones humanitarias. Es, ante todo, un trabajador que se desplaza dentro de un sistema económico mundial caracterizado por enormes desigualdades y por una demanda internacional de fuerza de trabajo. El problema político consiste entonces en impedir que esa movilidad sea utilizada para enfrentar a trabajadores de distintas procedencias y para deteriorar sus condiciones de vida, sin confundir al trabajador que se desplaza con las relaciones económicas que han provocado su desplazamiento.

Del marxismo al nacionalismo obrero

El análisis marxista de la inmigración permite abordar una cuestión que resulta importante en el debate actual: la evolución de determinadas corrientes de izquierda que, en su intento de recuperar a sectores populares alejados de las organizaciones tradicionales (o que se presentan como nueva izquierda), han comenzado a desplazar el centro del conflicto desde las contradicciones entre capital y trabajo hacia la oposición entre globalización y nación, entre élites cosmopolitas y pueblo nacional.

Sahra Wagenknecht constituye uno de los ejemplos más conocidos -y en principio, exitoso electoralmente- de esta evolución. Su crítica a una izquierda que habría abandonado los problemas materiales de los trabajadores para concentrarse en cuestiones identitarias, culturales y de estilo de vida (feminismo, movimiento LGTBIQ, ecologismo, defensa de minorías etc.) contiene elementos que no deberían ser descartados sin más. Wagenknecht sostiene que amplios sectores de las clases populares han quedado sin representación y reivindica priorizar nuevamente la protección social, la redistribución, la intervención económica del Estado y la defensa de los intereses materiales de los trabajadores. Pero combina estas posiciones con una concepción restrictiva de la inmigración y con una reivindicación del Estado nacional como principal espacio de protección social y política. En Los engreídos (su libro más conocido) la crítica a la inmigración forma parte precisamente de su diagnóstico sobre la pérdida de apoyo de la izquierda entre sectores populares.

La posición de Sahra Wagenknecht plantea además una cuestión que merece ser considerada desde una perspectiva más estrictamente económica. Su reivindicación de un Estado del bienestar fuerte, de la redistribución de la riqueza y de la protección de los trabajadores recuerda en muchos aspectos a la vieja socialdemocracia europea. Pero cabe preguntarse hasta qué punto ese programa puede mantenerse en las condiciones actuales del capitalismo desarrollado. Si el crecimiento de la productividad, la acumulación de capital y la competencia internacional presionan sobre la rentabilidad del capital, la capacidad del Estado para redistribuir una parte creciente del producto sin afectar a las condiciones de acumulación encuentra necesariamente determinados límites. Esto no significa aceptar mecánicamente que la tasa de ganancia tenga que disminuir de forma continua: Marx hablaba de una tendencia acompañada de fuerzas contra restantes. Pero sí obliga a preguntarse de dónde procede el excedente que permite financiar un Estado social cada vez más amplio.

En este sentido resulta útil comparar algunas de las posiciones de Wagenknecht con la evolución del Partido Socialdemócrata danés. Dinamarca está intentando demostrar que aún es posible mantener un Estado del bienestar muy desarrollado dentro de una economía capitalista altamente competitiva, mediante una combinación de elevada presión fiscal, elevada, negociación colectiva, servicios públicos y una política de inmigración particularmente restrictiva. Los socialdemócratas daneses han defendido explícitamente que el Estado social debe protegerse frente a determinados efectos de la inmigración procedente de países económicamente más pobres, aunque al mismo tiempo mantienen la entrada de trabajadores extranjeros cuando la economía los necesita. La contradicción se encuentra en que el mismo sistema que restringe la inmigración por razones sociales considera importar trabajadores cuando el capital lo necesita. Lo cual deja abierta la posibilidad de presionar sobre los salarios de trabajadores nacionales, si la tasa de beneficios tiende a bajar.

La experiencia danesa permite plantear una cuestión más general. ¿Puede el nacionalismo social estar convirtiéndose en una respuesta de determinados sectores de la socialdemocracia y de la izquierda al estrechamiento de los márgenes de redistribución dentro del capitalismo actual? Es decir ¿cómo mantener una tasa de beneficios empresariales aceptable para el capital y a la vez aumentar los salarios sociales, si la necesidad de trabajadores de los que extraer plusvalía desciende constantemente?

Si resulta cada vez más difícil ampliar el Estado del bienestar mediante una redistribución sustancial del excedente generado por el trabajo, existe la tentación de encontrar una explicación en factores externos: la globalización, la competencia internacional o la inmigración. La única salida que aparece consiste en invertir los papeles. Se trataría de mantener un estado de bienestar soportado por otros pueblos; y cuando es necesario por la inmigración- De este modo, el conflicto social puede desplazarse desde la distribución del producto entre capital y trabajo hacia la distribución desigual de los excedentes entre distintos estados y distintos grupos de población dentro de un mismo Estado.

Sin embargo, existe otra forma de ver el problema. Si la inmigración permite a determinadas empresas disponer de trabajadores dispuestos a aceptar salarios inferiores, la cuestión no tiene necesariamente que resolverse limitando la llegada de trabajadores, sino impidiendo que las diferencias de origen se conviertan en una ventaja para el empresario. La igualdad efectiva de derechos laborales, la persecución de la economía sumergida, el cumplimiento de los convenios colectivos y una política salarial capaz de elevar las condiciones de todos los trabajadores pueden reducir ese mecanismo de competencia sin convertir al trabajador extranjero en responsable de los bajos salarios. Pero para eso se necesita una clase obrera movilizada.

Esto modifica el lugar donde se sitúa el conflicto. En lugar de plantear «¿cómo protegemos el Estado del bienestar de los inmigrantes?», cabe plantear «¿qué parte del excedente económico puede y debe destinarse a sostener el Estado del bienestar y quién debe soportar el coste de esa redistribución?». La primera pregunta tiende a enfrentar a trabajadores nacionales y extranjeros; la segunda vuelve a situar el problema en las relaciones entre capital, trabajo y Estado; incluso dentro del sistema capitalista. Pero así y todo es la conservación del capitalismo un tanto forzada, que solamente tiene posibilidades de materializarse a largo plazo en base al intercambio desigual en una economía internacionalizada, o bien en un estado permanente de movilización de los trabajadores por la mejora de sus condiciones de vida y trabajo.

Hay otra contradicción que salta a la vista en la propuesta de Sahra Wagenknecht, y es que olvida que las conquistas sociales conseguidos en los países europeos han tenido como condición la existencia de un potente movimiento obrero que presionó y se movilizó para conseguirlas. Y sus reservas en cuanto a la inmigración debilita la unidad de los trabajadores, y reduce sus propuestas de recomponer el Estado social a la actuación institucional. Imposible de conseguir por otra parte, si no se cuenta con presión y movilización social.

Por eso la propuesta de Wagenknecht y la de la socialdemocracia danesa resultan emparentadas. Ambas muestran una tentativa de recuperar la protección social y la seguridad económica de las clases populares en unas condiciones en las que la vieja socialdemocracia dispone de menos margen que durante el período de expansión de la posguerra. Pero también muestran el riesgo de que, al intentar preservar el Estado social dentro del capitalismo, la defensa de los intereses de los trabajadores nacionales termine sustituyendo a la defensa de los intereses de la clase trabajadora como tal clase social internacionalista.

En definitiva, hay que afirmar que la inmigración puede ser utilizada por determinados empresarios para disponer de trabajadores dispuestos a aceptar salarios bajos es una cuestión que puede formar parte perfectamente de un análisis marxista. Concluir de ello que el trabajador inmigrante constituye el problema es algo completamente diferente. La primera afirmación dirige la atención hacia las relaciones entre capital y trabajo; la segunda desplaza el conflicto hacia la nacionalidad del trabajador.

Es un hecho objetivo que un trabajador marroquí, senegalés, ecuatoriano o rumano puede tener objetivamente más intereses económicos comunes con un trabajador español que con un empresario español. Ambos venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario y pueden estar sometidos a condiciones semejantes de explotación. Si la inmigración es utilizada para presionar sobre determinados salarios, la cuestión fundamental debería ser cómo impedir que el empresario obtenga una ventaja de esa diferencia y cómo garantizar que la contratación de trabajadores extranjeros no pueda utilizarse para deteriorar las condiciones de los trabajadores en general.

Si eso ocurre la categoría de «pueblo» comienza a sustituir a la de «clase». El trabajador deja de ser definido fundamentalmente por su posición dentro de las relaciones de producción y pasa a ser definido por su pertenencia nacional. La contradicción capital-trabajo comienza entonces a transformarse en una contradicción entre población nacional y población extranjera, o entre pueblo nacional y élites cosmopolitas.

No significa esto que la nación carezca de importancia. El Estado nacional continúa siendo una institución fundamental dentro del capitalismo contemporáneo y constituye el marco en el que se organizan buena parte de las políticas sociales, laborales y fiscales. Tampoco significa negar que la inmigración pueda generar problemas concretos de vivienda, empleo, salarios, servicios públicos o convivencia. Significa preguntarse qué relación existe entre esos problemas y las relaciones económicas capitalistas que los producen.

La diferencia puede observarse incluso en el argumento sobre los salarios. Si un empresario puede contratar trabajadores inmigrantes en condiciones inferiores a las de los trabajadores nacionales, el problema no se encuentra simplemente en que hayan llegado trabajadores extranjeros. Se encuentra en que existen unas relaciones laborales que permiten al empresario beneficiarse de esa diferencia. La respuesta coherente desde una perspectiva obrera debería ser igualar derechos y condiciones laborales, perseguir la economía sumergida, garantizar la aplicación de los convenios y hacer recaer sobre el empresario el coste de cumplir las obligaciones laborales. De lo contrario, se corre el riesgo de enfrentar a trabajadores que objetivamente ocupan posiciones semejantes.

El caso de Diego Fusaro representa una evolución todavía más llamativa. Fusaro combinó una crítica al capitalismo financiero, a la globalización y a las élites económicas con posiciones fuertemente nacionalistas y conservadoras, y mantuvo vínculos y aproximaciones a espacios de la extrema derecha italiana. CasaPound, -con la que Fusaro tuvo relación- es una organización fascista y ultranacionalista italiana. El interés del caso consiste en observar cómo determinadas categorías procedentes de la crítica anticapitalista pueden ser separadas de su fundamento de clase y reutilizadas por corrientes nacionalistas.

El peligro es que la crítica legítima a la globalización capitalista termine transformándose en una defensa de la nación como sujeto político fundamental. En ese caso, la oposición deja de formularse principalmente como capital frente a trabajo y pasa a formularse como nación frente a globalización, pueblo frente a élites cosmopolitas internacionalizadas y trabajadores nacionales frente a inmigrantes a los que el capitalismo globalizado también quiere internacionalizar.

En España existe una expresión especialmente significativa de esta tendencia en el Frente Obrero. No sería correcto reducir su discurso a una simple reproducción del de otras organizaciones de extrema derecha, porque el Frente Obrero se presenta expresamente como un movimiento «patriota y revolucionario», reivindica la lucha obrera y dirige parte de su discurso contra el Gobierno, la patronal y las instituciones europeas. Pero precisamente por eso resulta políticamente interesante analizarlo: combina el lenguaje de la lucha obrera con un nacionalismo muy marcado, una defensa radical de las fronteras y un discurso de rechazo de la inmigración y del peligro que llama «islamización» de España. Su programa actual habla expresamente de «patriotismo revolucionario», considera que el modelo migratorio conduce a España hacia su desaparición y sostiene que es necesario actuar contra la «islamización» de la sociedad.

El propio discurso de su dirigente Roberto Vaquero muestra con claridad esa combinación: sostiene que las posiciones de clase deben defender los intereses de los trabajadores «del país» y considera que la llegada masiva de trabajadores extranjeros, al ser explotados con salarios bajos, degrada las condiciones laborales de los trabajadores nacionales. El problema, desde una perspectiva marxista, es precisamente ese desplazamiento: la clase trabajadora deja de ser una categoría internacional definida por su posición en las relaciones de producción y se convierte en una categoría nacional.

Esta cuestión merece atención porque el Frente Obrero intenta ocupar un espacio de radicalización juvenil presentándose como una alternativa a una izquierda que considera acomodada, institucionalizada y alejada de los trabajadores. La combinación de lenguaje revolucionario, reivindicación obrera, patriotismo y rechazo de la inmigración puede resultar especialmente atractiva para jóvenes que entran en la vida adulta en condiciones de precariedad y buscan una explicación sencilla a problemas sociales que en realidad tienen causas mucho más complejas.

Aquí aparece el riesgo de una deriva que no debería subestimarse: la transformación imaginaria del inmigrante en el responsable de problemas cuya causa fundamental se encuentra en las relaciones económicas y sociales. El trabajador marroquí, y particularmente el musulmán, puede convertirse así en una figura sobre la que proyectar problemas de salarios bajos, falta de vivienda, precariedad laboral, deterioro de los servicios públicos o inseguridad. En ese momento ya no estamos ante una discusión sobre los efectos económicos de la inmigración, sino ante la construcción política de un adversario colectivo definido por su origen, su religión o su pertenencia cultural. Enemigo imaginario construido sobre proyecciones exageradas de hechos concretos atribuibles a ese adversario colectivo. En este caso, los marroquíes.

Evidentemente cuando culpabilizas al trabajador extranjero de tus bajos salarios, dejas de reclamar a tu patrón salarios mayores.

No basta con responder a esos discursos calificándolos simplemente de racistas o reaccionarios. Si una parte de la juventud percibe que sus condiciones materiales empeoran, y una organización consigue relacionar esas dificultades con la presencia de inmigrantes, existe un problema político que no se resuelve únicamente mediante condenas morales. Hay que disputar la explicación del fenómeno. Hay que demostrar que el trabajador extranjero no es quien determina los salarios, decide las condiciones de contratación, fija el precio de la vivienda o establece la política económica; sino que es consecuencia de un sistema económico en el que se ven envueltos todos los trabajadores, sean nacionales o extranjeros.

El problema fundamental vuelve así a ser el mismo que Marx, Engels y Lenin encontraron en situaciones históricas diferentes: cómo impedir que trabajadores que ocupan posiciones semejantes dentro de las relaciones de producción sean enfrentados entre sí por su nacionalidad. En la Inglaterra del siglo XIX fueron ingleses e irlandeses; posteriormente trabajadores europeos y trabajadores procedentes de las colonias; hoy pueden ser españoles, marroquíes, senegaleses, latinoamericanos o rumanos. Las circunstancias históricas han cambiado, pero el mecanismo de una división de los trabajadores que debilita su capacidad reivindicable conserva una estructura semejante.

Por eso la crítica al posmodernismo y a una izquierda excesivamente centrada en cuestiones identitarias no debería conducir al abandono del internacionalismo obrero. Se puede defender la industria nacional sin convertir al trabajador extranjero en enemigo. Se puede defender un Estado social fuerte sin establecer una oposición entre trabajadores nacionales y trabajadores inmigrantes. Se puede criticar la globalización capitalista sin convertir la nación en sustituto de la clase.

La cuestión tampoco consiste en negar que existan conflictos reales derivados de la inmigración. Precisamente porque esos conflictos existen deben ser analizados materialmente. Pero si se quiere conservar una perspectiva marxista y emancipadora, la pregunta decisiva sigue siendo quién obtiene beneficio de las diferencias salariales, quién controla las condiciones de contratación, quién tiene capacidad para decidir cuánto se paga por el trabajo y quien controla el precio de la vivienda.

Convertir al trabajador inmigrante en adversario puede proporcionar una explicación inmediata y políticamente movilizadora en contra de la única arma que disponen los trabajadores: la fuerza que les da la unión. Pero esa explicación protege la relación económica que hace posible la explotación tanto del trabajador nacional como del extranjero.

La crítica al reformismo puede ser legítima. La crítica al posmodernismo también. Puede ser necesario reconstruir una izquierda capaz de hablar nuevamente de salarios, empleo, vivienda, industria, servicios públicos y condiciones materiales de existencia, en una dirección que apunte a la superación del capitalismo. Cosa esta última imposible si se pierde vista el contexto internacional. Por el contrario, recuperar la cuestión social sustituyendo la clase por la nación no constituye una recuperación del marxismo: constituye una transformación del sujeto político del marxismo, que antes o después conecta con el nacionalsocialismo originario.

Y precisamente por eso el problema no puede dejarse en manos de quienes pretenden responder a la frustración de los jóvenes trabajadores mediante la búsqueda de un enemigo inmigrante. Si existe una clase trabajadora objetivamente sometida a unas determinadas relaciones de producción, su división por nacionalidades no elimina esas relaciones: simplemente hace más difícil transformarlas.